La norma será aprobada como proyecto de Ley en la segunda mitad del año. Según fuentes del Ministerio de Economía, no existe otra legislación europea "tan garantista", ya que a la obligación de aumentar la protección del consumidor que impone la directiva europea -esta ley es una trasposición- se han añadido medidas adicionales.
Gastos de formalización. La ley obligará al banco a desglosar en el contrato los gastos de formalización que conlleva la hipoteca: notario, registro y el impuesto Actos Jurídicos Documentados. Sin embargo no especificará quién debe pagar estos costes asociados, si el banco o el futuro hipotecado. Lo deja a negociación de las partes.
Hipotecas vinculadas. Queda prohibido que una entidad financiera obligue a contratar con ella un seguro determinado para conceder la hipoteca, salvo supuestos excepcionales que fijará el Banco de España. Sin embargo, sí permite reducir el tipo de interés aplicado en función de la contratación de diferentes productos, una práctica muy extendida en España. Eso sí, la entidad debe presentar dos presupuestos, con y sin las bonificaciones.
Cambio a tipo fijo. Para incentivar las hipotecas a tipo fijo, el Gobierno eliminará la comisión de reembolso anticipado a partir del tercer año. Los dos anteriores este recargo se limitará a un máximo del 0,25% del importe del préstamo. Además se reducirán "al mínimo" los aranceles que cobran notarios y registradores.