La banca paga desde hoy la tasa hipotecaria

La reforma legal del Gobierno obliga a las entidades a asumir el impuesto de AJD por primera vez en 23 años. La vinculación del cliente con más productos marcará el precio de los nuevos préstamos.

Las oficinas bancarias se enfrentan hoy a la nueva situación jurídica en el mercado hipotecario. Tras casi un mes de incertidumbre por los vaivenes de criterios del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, las entidades ya tienen la certeza de que son la parte que debe asumir el pago de esta tasa. El impuesto de Actos Jurídicos Jurídicos (AJD) supone el 70% de los gastos para formalizar una hipoteca.

Las agencias de ráting y bancos de inversión ya descuentan que los bancos trasladarán el coste por el IAJD al precio de las nuevas hipotecas. La tasa hipotecaria supone una factura de unos 700 millones de euros al año, según los cálculos. Aunque algunas entidades ya se adelantaron a esta situación y elevaron el diferencial de los nuevos préstamos para la compra de viviendas en medio de las dudas jurídicas sobre si era el cliente o la entidad quien debía asumir el impuesto.

En cualquier caso, los banqueros han dejado abierta la posibilidad de no trasladar todo el coste al precio, aunque un alto directivo de un banco recuerda que la regulación del Banco de España impide por ley vender por debajo de coste.

Lo más probable, según señalan los expertos, parece ser que la banca creará trajes a medida dependiendo de la vinculación de los clientes. Es decir, a más productos contratados mejores condiciones en las hipotecas. Una práctica que los bancos ya han extendido en los últimos años como vía para mejorar sus ingresos.

Vigilancia

El Gobierno justificó legislar sobre el IAJD por el freno de la actividad hipotecaria y por la confusión generada en la sociedad. Ahora, según adelantó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ejecutivo vigilará que las entidades no repercutan el coste del AJD al cliente con "cláusulas abusivas". Para ello, ha creado una autoridad de protección de clientes, que asumirá funciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Está por ver cómo reacciona el sector.

Fuente: Expansión